El Formulario BOI es el Beneficial Ownership Information Report (BOI), un requisito establecido por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) de los Estados Unidos para las Limited Liability Companies (LLC) con el fin de recopilar información sobre los beneficiarios reales de estas entidades.
Este reporte forma parte de los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas que puedan estar relacionadas con empresas de responsabilidad limitada.
Las LLC son una forma común de estructura empresarial en los Estados Unidos, ya que ofrecen a los propietarios una limitación de responsabilidad personal y flexibilidad en la gestión de la empresa. Sin embargo, esta misma flexibilidad ha sido aprovechada por personas malintencionadas para ocultar la verdadera propiedad y control de estas entidades, lo que dificulta la identificación de posibles actividades ilícitas.
Para abordar esta problemática, se ha establecido el requisito de presentar el BOI para todas las entidades de este tipo de estructura comercial, con el objetivo de recopilar información detallada sobre los beneficiarios reales.
Esta información incluye nombres, direcciones, números de identificación y otros detalles relevantes que permitan identificar a las personas que realmente poseen y controlan la empresa.
El objetivo principal del BOI es brindar a las autoridades una mayor visibilidad sobre las estructuras empresariales y sus beneficiarios reales, lo que les permite identificar posibles riesgos y actividades ilícitas.
El proceso de presentación del BOI implica que las LLC deben recopilar y mantener información precisa y actualizada sobre sus beneficiarios reales.
Las empresas creadas antes del primero de enero de 2024 tienen hasta enero de 2025 para presentar su BOI, mientras que las empresas creadas después del primero de enero de 2024 tienen un plazo de noventa días naturales para hacerlo.
Esta medida busca promover la transparencia en la propiedad empresarial y garantizar que las autoridades tengan acceso a la información necesaria para cumplir con sus responsabilidades de supervisión y aplicación de la ley.
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