ICE prohíbe a migrantes detenidos solicitar audiencias de fianza

Recientemente, un memorando interno fechado el 8 de julio y firmado por Todd M. Lyons, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, ha generado una considerable controversia al establecer que todos los migrantes que ingresen al país sin autorización permanecerán bajo detención sin la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

Esta directriz fue conocida poco después de que el Congreso aprobara una asignación presupuestaria sin precedentes de 45,000 millones de dólares para ICE, lo que ha llevado a temores sobre un endurecimiento de las políticas migratorias.

Expertos en la materia han señalado que esta política podría violar el principio del debido proceso. Paul Hunker, exjefe legal de ICE en Dallas, indicó que algunos tribunales podrían interpretar que esta directriz no proporciona a los no ciudadanos el debido proceso, lo que podría resultar en detenciones indefinidas hasta su deportación.

La nueva política, revelada por The Washington Post, ha suscitado una ola de inquietud entre defensores de derechos humanos, abogados e inmigrantes, ya que se considera que socava el debido proceso y la seguridad de millones de personas que residen en Estados Unidos sin un estatus legal.

“Los inmigrantes deberán permanecer en detención durante sus procedimientos de deportación”, instruyó Lyons en el memorando, lo que implica que se les niega la posibilidad de argumentar su caso ante un tribunal y demostrar que no representan un peligro para la seguridad pública ni un riesgo de fuga.

Desde la implementación de esta nueva directriz, abogados de inmigración han informado de rechazos sistemáticos a las solicitudes de fianza en al menos una docena de tribunales en estados como Nueva York, Virginia, Oregon, Carolina del Norte, Ohio y Georgia.

Este memorando se produce en un contexto en el que el Congreso ha aprobado un presupuesto sin precedentes para ICE, permitiendo la expansión de su capacidad de detención a 100,000 personas, lo que duplica el límite actual.

Esta medida es parte de un plan más amplio impulsado por el presidente Donald Trump, quien busca fortalecer aún más el control fronterizo y las políticas de deportación durante su mandato.

La expansión de la política migratoria ha llevado a ICE a reabrir instalaciones que habían sido cerradas por razones de seguridad y a construir nuevos centros de detención en áreas remotas.

Un ejemplo es el Alligator Alcatraz, una instalación temporal ubicada en los Everglades de Florida, que fue levantada en menos de dos semanas y ya ha sido denunciada por condiciones inadecuadas, como la falta de agua potable y electricidad.

Este cambio de política, que afecta a millones de personas, elimina de facto una vía legal que durante décadas permitió a los migrantes presentar sus casos ante los tribunales.

También se han reactivado centros como el La Palma Correctional Center, en el desierto del condado de Pinal, Arizona, donde las altas temperaturas y el aislamiento complican el acceso a representación legal y a la comunicación con familiares.