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Foto del escritorYasel Lopez

Jueza desestima el caso contra Trump en Florida por los documentos clasificados

La jueza federal de distrito Aileen Cannon desestimó el lunes el caso en Florida contra el expresidente Donald Trump por su presunta gestión inadecuada de documentos clasificados del Gobierno

Basándose en que la designación del fiscal especial Jack Smith fue inconstitucional, pues debería haber sido el Congreso y no el Departamento de Justicia quien lo nombrara.


La mayoría de estos documentos fueron recuperados durante un registro en Mar-a-Lago, la lujosa residencia del expresidente en Palm Beach (Florida).
Con esta decisión, Trump logra liberarse —al menos temporalmente— de un caso en el que se le acusaba de múltiples delitos relacionados con la retención de documentos clasificados y la obstrucción a la justicia por llevarse estos papeles al abandonar la Casa Blanca.

La magistrada federal Aileen M. Cannon asegura en su dictamen que el fiscal especial Jack Smith fue designado de forma inapropiada al considerar que debió ser elegido por el Congreso.


Ni el Departamento de Justicia, el fiscal especial o la campaña del expresidente respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Un portavoz de la Casa Blanca declinó opinar sobre el caso y remitió todas las preguntas al Departamento de Justicia.

En un dictamen de 93 páginas, Cannon indicó que la designación de Smith era "ilegal" e inconstitucional, y ordenó cerrar el caso en un fallo que coincide con el inicio de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee (Wisconsin) y se conoce dos días después del intento de asesinato contra el expresidente.

Este fallo judicial se suma a una serie de victorias legales para Trump.


Los archivos, según la acusación, fueron guardados de forma inadecuada, e incluso estuvieron dos meses en el escenario del salón de baile de su club de Mar-a-Lago (donde no solo vive sino que celebra actos sociales y alberga a miles de personas al año). También estuvieron en un baño.
Los abogados de Trump han dicho que él designó como propiedad personal los registros que llevó consigo a Mar-a-Lago, que según los fiscales incluían información y documentos Top Secret relacionados con programas nucleares y las capacidades militares de EE.UU. y adversarios extranjeros.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre su inmunidad, que ha debilitado los casos de Washington y Georgia por interferencia electoral, y que también ha dejado en situación incierta la condena de Nueva York relacionada con el caso de Stormy Daniels, esta decisión refuerza aún más su posición.

El panorama judicial del expresidente se va despejando poco a poco, incrementando sus posibilidades de retornar a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Los fiscales alegaban que Trump pidió a su abogado ocultar documentos y mentir al FBI.

También se le acusa de pedir a su personal que borrara las grabaciones de vigilancia que mostraban el traslado de cajas de documentos en la propiedad.

El Departamento de Justicia había presentado 37 cargos criminales contra el expresidente por siete delitos, incluyendo 31 por retención deliberada de información sobre la defensa nacional; y otros seis por declaraciones falsas, conspiración para obstruir la justicia, retención de un documento o registro, ocultación corrupta de un documento, ocultación de un documento en investigación federal y planear ocultar documentos.
La jueza a cargo del caso de los documentos de Mar-a-Lago ha decidido anular la imputación contra el expresidente, archivando el caso y dándolo por cerrado debido a un supuesto defecto de forma en el nombramiento del fiscal.

La acusación contra el expresidente argumentaba que él retuvo intencionadamente algunos de los documentos más delicados de Estados Unidos y que devolvió al Gobierno solo una parte de ellos, a petición de los Archivos Nacionales.



Los documentos provenían de las principales agencias de seguridad nacional, incluidas la Agencia de Inteligencia Central (CIA), el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la Oficina Nacional de Reconocimiento, el Departamento de Energía, y el Departamento de Estado y Oficina de Investigación de Inteligencia, según el escrito de acusaciones en su contra.

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