La jueza federal de distrito Aileen Cannon desestimó el lunes el caso en Florida contra el expresidente Donald Trump por su presunta gestión inadecuada de documentos clasificados del Gobierno
Basándose en que la designación del fiscal especial Jack Smith fue inconstitucional, pues debería haber sido el Congreso y no el Departamento de Justicia quien lo nombrara.
La magistrada federal Aileen M. Cannon asegura en su dictamen que el fiscal especial Jack Smith fue designado de forma inapropiada al considerar que debió ser elegido por el Congreso.
Ni el Departamento de Justicia, el fiscal especial o la campaña del expresidente respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Un portavoz de la Casa Blanca declinó opinar sobre el caso y remitió todas las preguntas al Departamento de Justicia.
En un dictamen de 93 páginas, Cannon indicó que la designación de Smith era "ilegal" e inconstitucional, y ordenó cerrar el caso en un fallo que coincide con el inicio de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee (Wisconsin) y se conoce dos días después del intento de asesinato contra el expresidente.
Este fallo judicial se suma a una serie de victorias legales para Trump.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre su inmunidad, que ha debilitado los casos de Washington y Georgia por interferencia electoral, y que también ha dejado en situación incierta la condena de Nueva York relacionada con el caso de Stormy Daniels, esta decisión refuerza aún más su posición.
El panorama judicial del expresidente se va despejando poco a poco, incrementando sus posibilidades de retornar a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Los fiscales alegaban que Trump pidió a su abogado ocultar documentos y mentir al FBI.
También se le acusa de pedir a su personal que borrara las grabaciones de vigilancia que mostraban el traslado de cajas de documentos en la propiedad.
La acusación contra el expresidente argumentaba que él retuvo intencionadamente algunos de los documentos más delicados de Estados Unidos y que devolvió al Gobierno solo una parte de ellos, a petición de los Archivos Nacionales.
Los documentos provenían de las principales agencias de seguridad nacional, incluidas la Agencia de Inteligencia Central (CIA), el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la Oficina Nacional de Reconocimiento, el Departamento de Energía, y el Departamento de Estado y Oficina de Investigación de Inteligencia, según el escrito de acusaciones en su contra.
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