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Polémica entre Willy Allen y María Elvira Salazar por la I-220A

El abogado de inmigración Wilfredo ‘Willy’ Allen y la congresista republicana María Elvira Salazar protagonizan una intensa disputa pública sobre el futuro de los migrantes cubanos con el formulario I-220A.

El formulario I-220A ha sido entregado a muchos cubanos que llegaron a EEUU en los últimos años, Allen llamó “insulto” a la propuesta de Salazar, lo que provocó una fuerte reacción en la comunidad exiliada.


Por lo tanto, aunque hay una manera de obtener la residencia permanente, miles de cubanos no puede hacerlo y siguen en un limbo legal.
Para la decisión del Tribunal de Inmigración, La I-220A no se considera como parole a los efectos de la ley de ajuste cubano

El conflicto surgió después del anuncio de Salazar de un plan para regularizar el estatus de quienes tienen una I-220A.

El abogado, conocido por su experiencia en casos migratorios, indicó que la medida no satisface las necesidades de los afectados y que la congresista no ha cumplido su promesa con los cubanos.


Allen, quien ha asesorado a muchos cubanos con el I-220A, criticó con dureza la propuesta de la legisladora que depende de la voluntad política del poder ejecutivo.

En declaraciones a medios independientes, manifestó su descontento y afirmó que “pedía perdón por haber votado por ella dos veces”.

El abogado ha sostenido que los titulares del I-220A no serán deportados a menos que cometan un delito, y que eventualmente podrían conseguir un estatus legal.


La I-220A se ha establecido para miles de cubanos que han ingresado a los Estados Unidos en los últimos años.
En las redes sociales, Salazar enfrenta serias críticas de aquellos que lo acusan de "jugar con la esperanza" para los inmigrantes.

Su opinión ha sido fundamental en la orientación de muchos migrantes cubanos en Estados Unidos.

La congresista respondió de inmediato a las críticas, alegando que ha trabajado arduamente en favor de los migrantes con I-220A.

Explicó que desde 2023 ha sostenido reuniones con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para buscar una solución.


Según Salazar, la administración Biden pudo resolver el problema con una simple orden ejecutiva, otorgando parole in placea los cubanos afectados.


En su defensa, presentó pruebas de numerosas comunicaciones enviadas a funcionarios de Washington pidiendo acción.

María Elvira afirmó que la solución final puede ir al actual gobierno republicano y la mayoría de las cámaras de la Asamblea Nacional.

Según su declaración, "En los próximos cuatro años, demostraremos que podemos ayudar a la I-220A".

Sin embargo, estas intenciones entran en conflicto con la política actual de Donald Trump, basada en la deportación de todos los inmigrantes que no tienen estatus legal.

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