Embajada de EE.UU. en Cuba Intensifica Control sobre la Reunificación Familiar
- Yasel Lopez
- 23 may
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La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha decidido endurecer sus criterios para la concesión de visados en el marco del programa de reunificación familiar, en un contexto caracterizado por un incremento de las restricciones migratorias.
Este cambio fue confirmado por Mike Hammer, Encargado de Negocios de la Embajada, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el pasado viernes en Miami.
En este evento, se hicieron preguntas cruciales sobre la necesidad de revitalizar el programa de reunificación familiar, que históricamente ha permitido a miles de cubanos reunirse con sus seres queridos en Estados Unidos.
Al respecto, Hammer expresó: "La reunificación familiar es un tema delicado y todos somos conscientes de la política de la administración Trump en relación con los inmigrantes indocumentados en el país.
Sin embargo, como Embajada, continuamos comprometidos con nuestra misión de reunir a las familias a través de un proceso legal."
A pesar de este compromiso, la misión de la Embajada enfrenta desafíos concretos.
Hammer confirmó que se están aplicando de manera más rigurosa las leyes migratorias estadounidenses que restringen la concesión de visados a personas con vínculos recientes con el Partido Comunista de Cuba (PCC).
"Sí, estamos reforzando las leyes que impiden que se otorguen visados a aquellos miembros del Partido Comunista de Cuba que han ocupado altos cargos o que han sido militantes hasta hace pocos años", señaló Hammer.
En la actualidad, hay cubanos que sostienen que sus solicitudes de visados de reunificación familiar han sido denegadas debido a vínculos laborales con instituciones estatales en la isla.
Esta postura ha suscitado inquietud entre los cubanos que han cumplido con todos los requisitos exigidos en el proceso legal, pero que se encuentran con solicitudes rechazadas.
Aquellos cubanos afectados pueden presentar el formulario I-601, que es una solicitud de perdón por inadmisibilidad.
Sin embargo, esto puede plantear dilemas éticos y legales.
También pueden aportar evidencias que respalden su vida profesional y cívica para demostrar que ser empleado del Estado cubano no implica ser un participante activo del régimen político.
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