La Corte Suprema anula el estatus legal temporal del Parole humanitario

El parole humanitario ha sido revocado para todos los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que se encontraban en Estados Unidos, lo que ha dejado a un gran número de personas en una situación extremadamente precaria.

Esta decisión, respaldada por la Corte Suprema, afecta a más de medio millón de migrantes que ahora se encuentran indocumentados y sin permisos de trabajo, enfrentándose a la posibilidad de deportación inmediata.

Si la situación no se revierte, todos los beneficiarios del programa quedarán indocumentados, sin derechos laborales y expuestos a deportaciones forzadas, incluso hacia países donde su vida podría estar en peligro.

El fallo de la Corte Suprema, emitido este viernes, permite al gobierno de Donald Trump anular el estatus legal temporal que había sido otorgado a más de 530,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Estos individuos habían estado viviendo y trabajando legalmente en el país gracias al programa de parole humanitario que se instauró durante la administración de Joe Biden.

La administración Trump ha criticado el programa de parole humanitario, que fue promovido por Biden como una vía ordenada y segura para gestionar la migración.

Este cambio en la política migratoria se produce en el contexto de un proceso judicial en curso y deja a estos migrantes sin protección inmediata, estableciendo un precedente que podría facilitar deportaciones masivas en un futuro cercano.

Además, la revocación de sus permisos de trabajo les priva de un sustento legal, complicando aún más su situación.

La decisión de la Corte fue dividida, con las juezas liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresando su desacuerdo y advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras de esta medida.

Desde que asumió la presidencia el 20 de enero de 2025, Trump ha tomado medidas para desmantelar los programas de libertad condicional masiva.

La jueza Jackson resaltó que la revocación "trastoca precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros", enfatizando que muchos de ellos ya están integrados en la sociedad estadounidense, con patrocinadores legales, empleos y familias, incluidos hijos nacidos en el país.

Un tribunal federal en Massachusetts había bloqueado temporalmente esta decisión, argumentando que cada caso debía ser analizado individualmente.

Sin embargo, la Corte Suprema levantó esa medida de forma provisional, permitiendo que la revocación avance mientras el caso sigue su curso en instancias inferiores.