Proponen eliminar las ayudas del food stamps y SNAP para migrantes con asilo o parole

El presidente Donald Trump ha propuesto eliminar las ayudas de cupones de alimentos, también conocidos como food stamps, así como del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para migrantes que se encuentran bajo asilo o parole humanitario.

Esta medida se enmarca dentro de una nueva iniciativa legislativa presentada por los republicanos, que amenaza con excluir a miles de migrantes con estatus legal en Estados Unidos de estos programas vitales.

Las consecuencias de estos cambios no solo afectarían a los migrantes, sino que también impactarían el financiamiento del SNAP.

El borrador de la legislación, apodado la “Gran y hermosa ley”, se presenta como parte de la agenda del presidente Trump.

Este extenso documento, que abarca más de mil páginas, busca financiar los costos generados por su reforma tributaria y las políticas de endurecimiento en materia migratoria.

Uno de los puntos más destacados de esta propuesta es la reestructuración de programas sociales esenciales como el SNAP, que actualmente beneficia a cerca de 40 millones de personas en el país.

De acuerdo con los nuevos requisitos establecidos en esta propuesta, aquellos que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes quedarían excluidos del programa.

Esto afectaría a miles de migrantes que han llegado recientemente y que, a pesar de contar con permisos legales, no tienen estatus de residencia y dependen de estos cupones para satisfacer sus necesidades alimentarias mientras regularizan su situación migratoria.

En cuanto a los plazos, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha manifestado su intención de someter el proyecto a votación antes del Memorial Day.

Adicionalmente, el plan también contempla un aumento en los requisitos para padres y adultos sin hijos.

Por ejemplo, la edad límite hasta la cual los adultos sin dependientes deben demostrar que están trabajando se elevaría de 54 a 64 años.

Asimismo, los padres de niños pequeños tendrían que demostrar que están empleados desde que el niño cumple 7 años, en lugar de los 18 años actuales, lo que resultaría en la exclusión de muchos padres y madres que actualmente están accediendo a este programa.

Organizaciones benéficas como el Banco de Alimentos del Gran Pittsburgh han expresado su preocupación, advirtiendo que estos recortes podrían ser los más severos en la historia del país.

Las consecuencias de estos cambios no solo afectarían a los migrantes, sino que también impactarían el financiamiento del SNAP.

A partir de 2028, se espera que los estados asuman un 5% del costo del programa y hasta un 75% de sus gastos administrativos. En caso de que un estado cometa errores en la asignación de ayuda, se le obligaría a cubrir el 25% del costo del programa, lo que incrementaría la presión sobre los presupuestos estatales y locales.