Se exige a los beneficiarios del parole que divulguen su ubicación dentro de Estados Unidos

Un grupo de 25 gobernadores estadounidenses, encabezado por Kay Ivey de Alabama, Ron DeSantis de Florida y Greg Abbott de Texas, ha enviado una carta a la administración de Joe Biden y Kamala Harris solicitando información detallada sobre la ubicación y el estatus legal de más de 530,000 beneficiarios del programa de parole humanitario que han llegado a Estados Unidos en los últimos dos años.

Los gobernadores, todos ellos del Partido Republicano, critican la gestión del programa de parole, que está diseñado para ayudar a inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y lo consideran "mal administrado" por parte del gobierno demócrata.

Según los datos oficiales del DHS, más de 111,000 cubanos, 214,000 haitianos, 96,000 nicaragüenses y 121,000 venezolanos han sido aprobados para viajar a Estados Unidos.

En la carta, expresan su preocupación por la ausencia de información sobre los patrocinadores de estos inmigrantes, así como sobre su ubicación y duración de estancia.

Argumentan que esta falta de datos está generando confusión y alarma entre las autoridades locales y la población estadounidense

Lo que, a su juicio, limita la capacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir posibles casos de trata de personas o explotación.

El programa de parole permite a inmigrantes de los países mencionados solicitar una Autorización Anticipada de Viaje, que les permite ingresar y permanecer en Estados Unidos durante un período de dos años, aunque no cuentan con todos los documentos necesarios para su entrada.

Además, el DHS ha implementado medidas de seguridad adicionales, como la verificación biométrica (huellas dactilares) de los patrocinadores en Estados Unidos.

Los gobernadores firmantes, que incluyen a Brian Kemp de Georgia y Bill Lee de Tennessee, han solicitado también que se aclare el proceso de verificación de seguridad que lleva a cabo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), así como la identidad y ubicación de los patrocinadores de estos inmigrantes.

Además, los gobernadores destacan que la llegada masiva de inmigrantes ha sobrecargado los recursos estatales y locales

Afectando servicios esenciales como la educación y la salud pública, y advierten que la falta de un control adecuado podría facilitar el abuso del programa.

En su misiva, recalcan que el DHS no ha proporcionado la información necesaria para evaluar el impacto de estos inmigrantes en las comunidades locales, subrayando la importancia de conocer el estado laboral de los migrantes y el nivel de apoyo que reciben de sus patrocinadores.

Sin embargo, la tensión entre los gobernadores y la administración federal continúa, reflejando las profundas divisiones sobre la política migratoria en el país.

Por su parte, la administración Biden defiende el éxito del programa de parole humanitario, señalando que hasta agosto de 2024, más de 530,000 personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela han llegado legalmente a Estados Unidos mediante visas humanitarias obtenidas a través de procesos en línea, sin necesidad de pasar por entrevistas consulares más exhaustivas.