ICE revisará los registros de Medicaid para identificar a inmigrantes

Millones de personas en Estados Unidos que dependen de Medicaid podrían estar bajo un riguroso escrutinio de ICE.

Un acuerdo recientemente revelado permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acceder a información personal de todos los beneficiarios del sistema, con el objetivo de identificar a inmigrantes que se encuentren sin un estatus legal.

Alertaron que esta intrusión podría desincentivar a muchas personas a buscar atención médica por el temor a represalias migratorias.

Esta medida, que impacta a más de 79 millones de personas, abarca datos extremadamente sensibles, incluyendo nombres, direcciones, fechas de nacimiento, números de Seguro Social, origen étnico e incluso registros médicos. Todo esto ha sido autorizado por un pacto entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tal como confirmó la agencia de noticias AP.

Este acuerdo representa un cambio significativo en la política migratoria de la administración Trump, que busca implementar hasta 3,000 arrestos diarios.

Para llevar a cabo esta estrategia, el gobierno ha comenzado a utilizar registros de salud pública como herramienta de localización, a pesar de los serios riesgos legales y éticos que esto conlleva.

Incluso, en un memorando interno, altos funcionarios del propio Medicaid expresaron su desacuerdo con esta medida. “Esto es una violación peligrosa de la confianza entre pacientes y el sistema de salud”, escribió Sara Vitolo, subdirectora de la agencia, el pasado 6 de junio.

Expertos en inmigración advierten que esta acción no solo expone a personas sin documentos, sino también a quienes están en proceso de legalización o en vías de obtener la ciudadanía.

Gobernadores como Gavin Newsom de California han calificado la acción de “potencialmente ilegal”, advirtiendo que podría violar la Ley de Privacidad de 1974 y otras normativas que regulan el uso de datos médicos.

El miedo a ser rastreados podría paralizar el acceso a atención médica en miles de comunidades.

Para muchas familias migrantes, esta decisión no es solo un golpe legal, sino una clara advertencia: incluso el acceso a la salud puede ser utilizado en su contra.

La HSI, parte estructural del ICE, ha sido históricamente su componente más técnico y sofisticado, dedicada a investigar delitos complejos como el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero y la explotación infantil.

“El acceso de ICE a esta base de datos permitirá conocer la identidad y ubicación de extranjeros que hayan sido previamente detectados por la agencia”, establece el texto oficial del acuerdo firmado entre ambas entidades.

Sin embargo, tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, la agencia recibió instrucciones directas para apoyar las operaciones de control migratorio.

Con más de 8,700 empleados y 237 oficinas en Estados Unidos, así como 93 en el extranjero, la HSI fue redirigida para participar activamente en la búsqueda y detención de personas con órdenes de deportación activas.

Esto significa que dejó de enfocarse en perseguir redes criminales para colaborar con el ICE en redadas masivas en barrios, centros de trabajo y espacios públicos.