Autorizan al Servicio de Impuestos Internos a compartir datos de inmigrantes con ICE

Una jueza federal ha dado luz verde a un controvertido acuerdo que permitirá al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir información sobre contribuyentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta decisión se inscribe dentro de un esfuerzo más amplio por parte de la administración para rastrear a inmigrantes indocumentados y facilitar su deportación.

Tribunales federales en Texas y Nueva York han bloqueado estas deportaciones, argumentando que no se cumplen los requisitos legales y constitucionales necesarios para aplicar esta ley en tiempos de paz.

La jueza Dabney Friedrich, designada por el expresidente Donald Trump, desestimó los argumentos presentados por diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Estas agrupaciones sostenían que el intercambio de datos representaba una violación de las leyes de confidencialidad que protegen a los contribuyentes.

Al optar por no revocar el acuerdo, la jueza Friedrich ha marcado un hito significativo en la política migratoria del gobierno republicano, que busca reforzar los mecanismos de deportación.

La estrategia migratoria de Trump ha enfatizado la necesidad de mejorar la colaboración entre las agencias fiscales y de inmigración con el fin de acelerar la expulsión de inmigrantes indocumentados.

Este cambio de política genera una profunda preocupación, ya que el intercambio de datos podría desincentivar a futuros inmigrantes indocumentados a cumplir con sus deberes fiscales, por miedo a ser identificados y deportados.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, argumentaron que el acceso a esta información ayudaría a proteger a los ciudadanos estadounidenses al permitir la deportación de individuos considerados potencialmente peligrosos que se encuentran en el país sin autorización.

A pesar de las preocupaciones expresadas por algunos funcionarios del IRS, quienes cuestionaron la legalidad del acuerdo, la jueza Friedrich determinó que la administración de Trump había diseñado el acuerdo con suficiente precaución para cumplir con las leyes existentes.

El acuerdo entre el IRS y ICE, así como las diversas políticas migratorias implementadas por la administración de Trump, reflejan un cambio profundo en la forma en que se maneja la inmigración en Estados Unidos, con potenciales efectos duraderos sobre la comunidad inmigrante y sus derechos.

Esta decisión se produjo tras un exhaustivo análisis de los términos del Memorándum de Entendimiento entre el IRS y el DHS, que estipula que la información solo será compartida en el contexto de investigaciones penales.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que este acuerdo constituye una violación flagrante de la privacidad de los contribuyentes.

Durante décadas, se ha incentivado a los inmigrantes indocumentados a registrarse en el IRS y a cumplir con sus obligaciones fiscales, prometiéndoles que su información personal no sería utilizada con fines de deportación.