Proyecto Regreso a Casa: Orden ejecutiva de autodeportación masiva

El presidente Donald Trump ha firmado una nueva y polémica orden ejecutiva que endurece significativamente las políticas migratorias de autodeportación en Estados Unidos.

Esta medida introduce un conjunto de acciones drásticas que buscan afectar directamente a los inmigrantes en situación irregular, incluyendo la posibilidad de embargar sus salarios, congelar cuentas bancarias y confiscar propiedades, así como llevar a cabo deportaciones inmediatas para aquellos que no opten por la autodeportación.

Las reacciones de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes no se han hecho esperar. Estas agrupaciones han denunciado la medida como un acto de persecución estatal y han alertado sobre posibles violaciones de derechos civiles en el proceso.

El programa, denominado "Proyecto Regreso a Casa", marca un hito en la historia del país al convertirse en el primer plan federal de autodeportación masiva.

Según lo anunciado, los inmigrantes indocumentados tendrán la opción de regresar a sus países de origen con el apoyo del gobierno, que ofrecerá vuelos gratuitos y una bonificación económica a través de la aplicación CBP Home.

Trump, a través de su cuenta oficial en la red social X, dejó claro su mensaje: "Si no se van por su voluntad, los vamos a sacar como y cuando lo decidamos". Además, instó a los migrantes a "reservar ahora mismo su vuelo gratuito", subrayando la urgencia de la situación.

Según la Casa Blanca, esta estrategia tiene como objetivo reducir los gastos federales en deportaciones forzosas y aliviar la carga sobre los tribunales de inmigración.

Las repercusiones de la orden ejecutiva son severas.

Los inmigrantes que permanezcan de forma ilegal en Estados Unidos se enfrentarán a un régimen de deportaciones que puede ocurrir "en el momento y forma que el gobierno determine", así como a juicios por delitos migratorios, prisión y multas significativas.

Las sanciones no se limitan al ámbito judicial; la orden también prevé el embargo de salarios, la confiscación de bienes personales como viviendas y vehículos, y la congelación de cuentas bancarias y ahorros.

La implementación de este plan recaerá principalmente en el Departamento de Seguridad Nacional, liderado por la secretaria Kristi Noem, y contará con la colaboración de otras agencias federales encargadas de las operaciones migratorias y fiscales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, desempeñará un papel clave en la divulgación del programa a nivel internacional, colaborando con gobiernos de los países de origen de los migrantes.

En un plazo máximo de 60 días, se espera que el DHS inicie una campaña informativa a nivel nacional para advertir a los migrantes sobre las opciones disponibles y las consecuencias de no abandonar el país.

Asimismo, se movilizará personal adicional, incluidos agentes retirados y efectivos estatales, para intensificar las redadas y los operativos de expulsión.