El permiso de trabajo , la residencia y los casos de asilo tras el fallo judicial
- Yasel Lopez
- 23 jul
- 2 Min. de lectura
La reciente resolución judicial ha asegurado que estos individuos no solo puedan quedarse en el país, sino que también mantendrán sus permisos de trabajo, gracias a un fallo emitido por un tribunal federal en Nueva York que detuvo los intentos del gobierno por recortar sus protecciones legales.
En una decisión que ha generado un gran alivio en las comunidades inmigrantes, miles de inmigrantes que se encontraban en riesgo de ser deportados recibirán la oportunidad de permanecer en Estados Unidos.

Este veredicto anuló un esfuerzo del gobierno que buscaba reducir en seis meses la duración de un programa vital, diseñado para proteger a personas que provienen de naciones afectadas por la violencia y el colapso institucional.
La sentencia, emitida por el juez Brian Cogan, establece que el gobierno debe respetar el plazo original de permanencia autorizado bajo este estatus, brindando así una capa adicional de seguridad a quienes se benefician de esta protección.
Sin embargo, a pesar de estas buenas noticias, muchos inmigrantes enfrentan una realidad compleja al presentar sus casos de asilo.
A menudo, estos individuos no tienen claro qué información fue incluida en su expediente.

En muchos casos, han confiado sus solicitudes a notarios, paralegales o preparadores sin supervisión legal, y cuando llega el momento de la entrevista, no recuerdan qué documentos firmaron o qué pruebas se presentaron en su nombre.
Este escenario es más común de lo que se podría imaginar, especialmente entre comunidades de venezolanos, cubanos y otros grupos migrantes que depositaron su confianza en terceros sin solicitar copias de su documentación o sin comprender a fondo el contenido del formulario I-589.
El verdadero problema surge cuando un oficial de inmigración revisa la solicitud, ya que su decisión se basará en el expediente presentado.
Si un solicitante no tiene conocimiento de su contenido, podría encontrarse en una situación en la que contradiga su propia información, lo que podría llevar a que su credibilidad sea cuestionada o a que sus respuestas no coincidan con lo que se firmó previamente.

Para evitar estas complicaciones, existe una herramienta totalmente legal que permite a los inmigrantes acceder a su expediente: el FOIA, o Ley de Libertad de Información, por sus siglas en inglés.
Esta ley permite a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio, solicitar acceso a toda la documentación relacionada con su caso, incluyendo el formulario I-589, cartas de apoyo, traducciones, pruebas, citaciones y hasta las notas internas del oficial que lleva el proceso.
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