Incremento general en los costos de trámites migratorios por el USCIS

Los costos de los trámites migratorios en Estados Unidos han experimentado un aumento significativo, afectando especialmente a aquellos que buscan regularizar su estatus, incluyendo a quienes desean obtener la residencia.

Estos nuevos precios dificultan aún más el acceso a beneficios migratorios, y la eliminación de ciertas exenciones por parte del USCIS agrava la situación.

Este aumento de costos se produce tras la implementación de la llamada “Ley grande y hermosa”, promovida por la administración de Donald Trump como parte de su estrategia de endurecimiento migratorio.

Desde el 17 de julio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha implementado un aumento en las tarifas para diversos trámites migratorios.

Una de las medidas más controvertidas ha sido la eliminación de las exenciones de pago para las solicitudes de Parole In Place (PIP).

Esta modificación afecta particularmente a los inmigrantes que se encuentran dentro del país y que buscan regularizar su situación.

Ahora, quienes soliciten documentos de viaje y libertad condicional bajo el programa PIP deberán pagar una tarifa de 630 dólares, según el nuevo listado de precios publicado en la versión actualizada del formulario G-1055.

A pesar de que teóricamente aún existe la posibilidad de solicitar una exención de pago de tarifas, la aprobación no está garantizada.

Por ejemplo, el costo de apelar una solicitud de asilo ha subido de 110 a 900 dólares.

Además, la solicitud de residencia ahora tiene un costo de 1.500 dólares, y si el solicitante necesita pedir un perdón migratorio por delitos menores mediante el formulario I-601, deberá desembolsar 1.050 dólares.

En total, el proceso completo podría superar los 2.500 dólares, lo que representa un desafío financiero considerable para muchos.

Este cambio afecta de manera inmediata a quienes están aplicando al programa Parole In Place (PIP), que incluye a extranjeros que se encuentran en Estados Unidos y tienen vínculos familiares o razones humanitarias.

El formulario I-246, utilizado para suspender una orden de deportación, también ha visto un aumento en su tarifa, que ahora es de 600 dólares. Las solicitudes de perdón para residentes condenados por delitos (42A) han subido a 1.500 dólares, y reabrir un caso puede costar hasta 5.200 dólares.

El costo para solicitar el primer permiso de trabajo en el contexto de un asilo es ahora de 550 dólares, mientras que la renovación tiene un precio de 275 dólares.

Además, aplicar para un nuevo parole migratorio representa un desembolso de 1.000 dólares, sin garantía de que la solicitud sea aprobada.

Los solicitantes de asilo ahora deberán pagar 100 dólares anuales mientras su caso esté abierto. “Todo esto es parte de una estrategia para hacer el sistema más caro, más difícil y menos accesible”, subrayó.