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✅Junta de Apelaciones impide a cubanos con I-220A cerrar sus casos

La reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) ha alterado drásticamente la situación de miles de cubanos que poseen el permiso I-220A, los cuales se encuentran expuestos al riesgo de ser deportados de Estados Unidos.

Las recientes políticas migratorias implementadas en Estados Unidos han impactado de manera severa a miles de cubanos que han ingresado al país a través de CBP One o que se encuentran bajo el estatus I-220A.

Hay 56.397 personas detenidas por ICE, la mayoría de las cuales no tienen antecedentes criminales.
Esta situación se agrava con el aumento de detenciones en los tribunales y el endurecimiento de los criterios para cerrar casos de deportación, lo que ha generado un clima de incertidumbre y miedo en la comunidad migrante.

Esta medida, según informó Univisión, establece que aquellos migrantes que intenten finalizar sus casos en la corte de inmigración alegando que tienen la intención de solicitar un parole ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), ya no podrán utilizar este argumento como justificación para cerrar sus procesos.


Este cambio de política obliga a los cubanos a continuar con sus procedimientos legales en la corte de inmigración, impidiendo que puedan retirar sus casos de manera anticipada basándose en la posibilidad de solicitar un parole.

Los únicos que aún pueden acceder a este beneficio son aquellos que ya cuentan con un parole aprobado o quienes llegaron a través del programa CBP One.

A pesar de contar con el apoyo de la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, más de 300,000 cubanos continúan atrapados en una situación incierta, clamando por una solución justa y urgente que permita la regularización de su estatus migratorio.
La complejidad de la situación actual requiere atención inmediata y acciones concretas para garantizar la seguridad y los derechos de esta comunidad vulnerable.

Sin embargo, incluso dentro de este grupo se han reportado miles de revocaciones del formulario I-94, lo que añade aún más incertidumbre.


El formulario I-220A, conocido como Orden de Libertad Provisional bajo Palabra, es un mecanismo que el gobierno de Estados Unidos otorga a individuos que han estado detenidos por las autoridades migratorias y que posteriormente han sido liberados.


Este documento conlleva ciertas responsabilidades para sus titulares, quienes deben asistir a audiencias en la corte de inmigración y cumplir con otras comparecencias legales relacionadas con su situación migratoria, además de mantener un comportamiento ejemplar mientras su caso está en proceso.


“Ahora, la única opción disponible es continuar luchando por el asilo político dentro del tribunal de inmigración”, este cambio ha generado una profunda preocupación entre la comunidad migrante cubana.

Muchos de los cuales esperaban regularizar su estatus a través del parole, considerado como una de las mejores alternativas para evitar largos y arriesgados procedimientos migratorios.

Si bien la decisión de la BIA no conlleva una deportación automática, los cubanos afectados siguen bajo supervisión judicial.

Adicionalmente, una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha impactado de manera particular a los cubanos bajo el estatus I-220A, ya que ha restringido la posibilidad de cerrar sus casos en corte para solicitar parole directamente ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Esta tendencia ha llevado a la propuesta de construir nuevos centros de detención, como el denominado “Alligator Alcatraz” en Florida, que podría añadir al menos 1.000 camas a la capacidad existente.

En caso de que sus solicitudes de asilo sean denegadas, podrían enfrentarse a órdenes de remoción.

Sin embargo, no todos los migrantes se verán impactados por esta nueva resolución.

Aquellos inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos a través del programa CBP One, los que ya tienen un parole aprobado o los que presenten argumentos basados en el precedente legal de la decisión Q Li, podrán eludir las consecuencias de este fallo.

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